Hoy en EL PAÍS

Mahsa Mohebali—escritora iraní exiliada temporalmente en España— vuelve a hablar con nosotros, esta vez en persona y desde Madrid, con motivo del acuerdo entre EEUU y su país para poner fin a la guerra. Nos explica que tiene la sensación de vivir partida en dos: “mi cuerpo está aquí”, cuenta, “pero parte de mí sigue en Teherán”. Después de años de tensiones y de un nuevo acuerdo internacional, dice, la situación de Irán parece estar estancada, “estamos en el mismo punto que con el acuerdo de Obama, pero con vidas y dinero perdidos”.
Desde la distancia, la autora ha asumido un papel inesperado como altavoz de quienes no pueden hablar. En plena represión y con el acceso a internet limitado, se ha dedicado a recoger testimonios de amigos y familiares para trasladarlos a periodistas extranjeros. “No se trata de mí”, subraya, “sino de 80 millones de personas que no tienen voz”. Al mismo tiempo, lidia con la carga personal de haber sido interrogada durante horas por sus escritos y con el miedo que le impidió durante años seguir escribiendo.
En este episodio escucharás la conversación que hemos podido mantener con ella aprovechando su paso por la capital de España.

José Luis Rodríguez Zapatero era recibido con gritos de «sinvergüenza» a su llegada a la Audiencia Nacional. Era la primera vez que un expresidente del Gobierno declaraba ante un juez como investigado. Su declaración ha sido a puerta cerrada, no hemos podido escucharle, pero el juez mantiene sus sospechas. Así que vamos a atar los cabos que podamos de un día histórico para la democracia española... y a señalar cuáles quedan sueltos.

Durante años, Leire Díez fue una desconocida fuera del Partido Socialista. Pero tenía acceso a lugares a los que no entra cualquiera: la sede del PSOE, la Fiscalía y la dirección de la Guardia Civil. Decía que actuaba sola para investigar las cloacas del Estado. Ahora, la justicia al investiga. Y sus contactos y grabaciones están poniendo contra las cuerdas al PSOE y al Gobierno. Dentro del partido algunos presionan para querellarse contra ella por el daño que ha causado.

Probar una agresión sexual cometida mediante sumisión química es especialmente complejo. Las sustancias utilizadas para anular o alterar la voluntad de la víctima suelen desaparecer del organismo en pocas horas, lo que dificulta obtener pruebas toxicológicas concluyentes.
A lo largo de este episodio escuchamos a Violeta García, psicóloga especializada en el acompañamiento a víctimas de violencia sexual, y a Laia Serra, abogada penalista con más de quince años de experiencia en este ámbito, que ayudan a entender las consecuencias y los desafíos que plantean estos casos.
Laia Serra explica que la ausencia de una prueba toxicológica positiva no impide necesariamente demostrar una agresión sexual. Las investigaciones suelen apoyarse en un conjunto de indicios: el tipo de recuerdos que conserva la víctima, testimonios de personas de su entorno, grabaciones de cámaras de seguridad o evidencias que permitan acreditar que se encontraba en un estado incompatible con un consentimiento libre. Cuando falta la prueba central, señala la jurista, el reto consiste en reconstruir el puzzle con todas las piezas disponibles para demostrar que la agresión ocurrió.

Tamara Fernández Varela, de 43 años, siempre se ha definido como una persona valiente. Con solo 17 años se marchó sola a Suiza para trabajar cuidando niños y, en distintos momentos de su vida, llegó a compaginar hasta tres empleos. Disfrutaba paseando por el bosque y recolectando setas y flores. Es madre de una hija de 18 años.
Tamara reclama ser escuchada mientras quien fue su marido permanece fugado de la justicia. Tras descubrir que había descargado pornografía infantil, en un registro, la Policía Nacional encontró fotos y vídeos que prueban que, durante su matrimonio, Alessandro Pompeo drogaba y agredía sexualmente a Tamara.
En este episodio de Hoy en EL PAÍS escuchamos su testimonio desde Carballo: “Si no aparece, nunca cerraré esa puerta“.